La Ley 1/2025, en vigor desde el 2 de enero de 2025, tiene como objetivo principal reducir en un 50% el desperdicio de alimentos en la venta minorista y el consumo, y un 20% en la producción y distribución para el año 2030. Esta normativa se aplica a toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor final.

Principales medidas

• Planes de prevención obligatorios: Empresas del sector alimentario deben implementar estrategias para evitar pérdidas y desperdicios.
• Donación prioritaria: Los excedentes aptos para el consumo deben donarse antes de ser destinados a otros usos como alimentación animal o compostaje.
• Derecho a llevarse las sobras: Restaurantes y establecimientos de hostelería deben ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse la comida no consumida.
• Multas: Las infracciones pueden acarrear sanciones de hasta 500.000 euros.

Impacto y visión

La ley no solo busca reducir el impacto ambiental del desperdicio (como la huella hídrica y de carbono), sino también fomentar la responsabilidad social y mejorar la rentabilidad de las empresas del sector alimentario. Además, promueve un cambio cultural hacia un consumo más consciente y sostenible.

Aplicación y seguimiento

Las administraciones públicas tienen el deber de fomentar hábitos de consumo responsable y supervisar el cumplimiento de la ley. También se prevé la creación de campañas de sensibilización y la recopilación de datos para evaluar su eficacia.

Principales vínculos con los bancos de alimentos

• Priorización de la donación: La ley establece una jerarquía de gestión del desperdicio, donde la donación de alimentos aptos para el consumo humano es la primera opción. Esto refuerza el papel de los bancos de alimentos como receptores preferentes.
• Facilitación legal y logística: Se promueve la colaboración entre empresas alimentarias y entidades sociales, como los bancos de alimentos, para redistribuir excedentes de forma segura y eficiente.
• Incentivos y reconocimiento: Las empresas que colaboren activamente con bancos de alimentos pueden beneficiarse de incentivos fiscales y reconocimiento público, lo que fomenta la participación del sector privado.
• Obligaciones para grandes operadores: Supermercados, distribuidores y productores están obligados a documentar sus planes de prevención del desperdicio, incluyendo estrategias de donación. Esto puede aumentar el volumen de alimentos disponibles para los bancos.
• Educación y sensibilización: La ley contempla campañas de concienciación donde los bancos de alimentos pueden participar como agentes educativos, reforzando su visibilidad y misión social.

Impacto esperado en los bancos de alimentos

• Mayor volumen de alimentos recuperados: Gracias a la obligación de priorizar la donación, se espera un incremento significativo en los productos que llegan a los bancos de alimentos.
• Reducción de barreras burocráticas: La ley simplifica ciertos trámites para facilitar la entrega de excedentes.
• Fortalecimiento del tejido social: Se reconoce el papel de los bancos como actores clave en la economía circular y la justicia alimentaria.